Un juzgado de Barcelona, encargado del litigio entre Sony y varios negocios que distribuyen dispositivos 'PSJailbreak', un puerto USB que permite utilizar juegos piratas en la consola PlayStation 3, ha sentenciado que la venta de estos aparatos es legal en nuestro país. La sentencia retira las medidas cautelares que prohibían la venta de 'PSJailbreak' y obliga a Sony a pagar las costas del proceso e indemnizar con un mínico de 35.500 euros a cada una de las empresas demandadas, por los daños y perjuicios causados por la prohibición preventiva de la venta del dispositivo.
El conflicto comenzó con la denuncia de Sony a distintos negocios que comercializaban el 'PSJailbreak'. Este dispositivo permite a los usuarios introducir software no oficial en la Playstation 3. Sony ha defendido que la liberación de su consola vulnera sus derechos y fomenta la piratería.
El juez encargado de tramitar la demanda de Sony estableció medidas cautelares que prohibían la venta de 'PSJailbreak' por parte de los negocios demandados hasta que se diese un veredicto final sobre la cuestión. En su sentencia, el juez no ve motivos para prohibir la venta de 'PSJailbreak' y ha retirado dichas medidas.
Libre uso de la consola
El bufete de abogados Almeida ha sido el encargado de gestionar la defensa de los negocios demandados. Sus líneas de actuación se han basado en diversas premisas, como el derecho de los usuarios a utilizar su videoconsola con los fines que ellos deseen. El abogado Javier Maestre ha utilizado estos argumentos amparándose en el artículo 20 de la Constitución que defiende la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
La defensa diseñada por el bufete Almeida también ha explicado durante el juicio que la Playstation 3 no tiene como uso exclusivo el jugar con juegos piratas. Su configuración, cercana a la de un ordenador, permite ejecutar cualquier contenido no oficial, como cualquier aplicación 'open-source'.
Debido a estos argumentos el juez ha entendido que el uso de 'PSJailbreak' no puede considerarse ilegal en nuestro país. Por este motivo se ha denegado la solicitud de Sony de retirar los dispositivos del mercado y se obliga a la compañía ha abonar las costas ocasionadas por el litigio.
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